Desde su inicio de actividades el 5 de agosto de 2021 Guachimán Ciudadano recibió un elevado número de reportes de posibles irregularidades asociadas a todas las etapas del proceso que finalizó con las elecciones del 21 de noviembre de 2021.
El día 5 de agosto de 2021 Guachimán Ciudadano inició sus actividades dando seguimiento a las Elecciones Primarias Abiertas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Evento éste, realizado el 8 de agosto, donde el partido gobernante escogió sus candidatos a las 23 gobernaciones y 335 alcaldías del país que participarían en las elecciones regionales y municipales del mes de noviembre. Desde entonces, Guachimán Ciudadano comenzó a recibir y documentar un número elevado de reportes asociados a posibles irregularidades cometidas por candidatos, dirigentes políticos y funcionarios públicos, vinculadas a todas las etapas del proceso electoral, que finalizó con las elecciones del día 21 de noviembre de 2021.
De las más de tres mil denuncias recibidas se verificaron 1143. Estas denuncias están debidamente documentadas (descripción, fecha, hora, foto y/o video, geolocalización) y publicadas en el mapa https://regionales2021.guachiman.org Toda esta información se encuentra a la disposición del público. El trabajo de verificación y publicación de las denuncias recibidas se extendió hasta el día 26/11/2021.
El flujo de denuncias se incrementó notablemente a medida que se acercaba el día de las votaciones, alcanzando su máximo el día de las elecciones, 21 de noviembre, en donde se verificaron y publicaron más de 600 denuncias. Esto puede observarse de forma gráfica en la figura mostrada a continuación.
Los reportes de denuncias fueron clasificadas en las siguientes categorías: Violación de reglamentos de campaña, Proceso de votación, Afluencia de votantes, Puntos de control de votantes, Violencia, Bioseguridad y Otras.
La figura presentada a continuación muestra la distribución de los reportes en las categorías mencionadas.
Como se puede observar en la figura, la denuncia más frecuente se asocia a lo ocurrido durante el proceso de votación. Hubo un total de 589 denuncias en esta categoría. Algunas de estas fueron: tardanza en la constitución de las mesas por ausencia de miembros designados por el CNE, constitución de la mesa con testigos de partidos políticos, irregularidades en el voto asistido, violación al secreto del voto, fallas en los listados de votantes, fallas de electricidad, entre otras.
La segunda denuncia más frecuente, 299 en total, se refiere a las violaciones de los reglamentos de campaña: campaña realizada fuera de los lapsos indicados por el CNE (pre y post lapsos oficiales de campaña), usos de recursos del estado para favorecer los candidatos oficialistas, políticas públicas (salud, educación, alimentación y transporte público) como elementos de la campaña.
La tercera categoría de denuncia más reportada, 155 del total, se refiere a los puntos de control y coacción a los votantes: puntos de partidos políticos ubicados en la cercanía de los centros, el control de votantes a través del carnet de la patria, comités locales del CLAP, UBCH, amedrentamiento con grupos violentos, entre otros mecanismos de coacción y control.
La cuarta categoría más reportada, 102 reportes, lo constituye hechos de violencia dentro y fuera de los centros. Situación muy preocupante, si detallamos la descripción de los hechos que acompaña a cada una de las mismas. Es importante destacar el número de estas denuncias que se localizan en el estado Zulia.
Reportes de afluencia de votantes en los centros (29), incumplimiento de las medidas de bioseguridad (28) y otras que no se incluyen en ninguna de las categorías definidas inicialmente en el desarrollo (40) constituyen el resto de los reportes.
Un análisis detallado de los reportes publicados evidencia que:
- No se respetó el periodo oficial de campaña electoral definido por el Consejo Nacional Electoral. De hecho puede decirse que la campaña electoral fue una actividad continua, pública y visible a través de los medios de comunicación oficiales y no oficiales y en las redes sociales.
- El uso de recursos del estado y de sus políticas sociales se emplearon de forma grosera para favorecer a los candidatos oficialistas.
- Instituciones y organismos públicos fueron empleados para realizar campaña electoral a través de las redes sociales y en forma presencial en concentraciones y mítines.
- Las medidas de bioseguridad con motivo de la pandemia de la COVID-19 fueron irrespetadas de forma flagrante durante la campaña electoral y el día de la votación.
- El proceso de votación estuvo marcado por gran cantidad de reportes que daban cuenta de la ausencia de los miembros designados por el CNE para la constitución de las mesas, posiciones que fueron ocupadas por testigos de los partidos políticos y votantes que se encontraban presentes a la hora de la instalación. Esto generó retrasos en el inicio de la votación.
- Se reportó diferencias entre el registro de votantes en los cuadernos de votación, listas publicadas en las afueras de los centros y los almacenados en las máquinas de votación. Esta situación generó confusión y en algunos casos impidió el ejercicio del voto.
- Se reportó un número importante de centros de votación con puntos de control de votantes y de mecanismos de coacción e inducción del voto. Algunos de ellos de partidos políticos y un número importante de organizaciones del mismo gobierno.
- Un importante número de reportes dan cuenta de irregularidades con el voto asistido, violentando la normativa establecida por el CNE. El presidente de la mesa, testigos de partidos políticos y miembros de plan república se constituyeron en muchos casos como los únicos actores del acompañamiento de electores que manifestaban la necesidad de asistencia.
- Hubo un número importante de centros con propaganda electoral.
- La violencia en los centros de votación fue un hecho más común que lo esperado, particularmente en el estado Zulia, donde ocurrieron enfrentamientos entre partidarios de diferentes opciones políticas y actuaciones de grupos violentos no identificados que amedrentaron a votantes en los centros de votación. Se reportó violencia ejercida contra observadores nacionales acreditados por el CNE, no sólo de palabra sino también de acción, al negarles la entrada a los centros para ejercer su rol de observador.